Afrodescendientes - Noviembre 2011 CERD Incorpora en sus recomendaciones estandáres publicados por el Departamento de Derechos Internacional en el tema

Washington, D.C., 4 de noviembre de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 143^er Período ordinario de Sesiones del 19 de octubre al 4 de noviembre de 2011. La CIDH está integrada por Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados Felipe González y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.

En primer lugar, la Comisión Interamericana saluda la promulgación en Uruguay, el 30 de octubre de 2011, de la ley No. 18.831, que declara imprescriptibles los crímenes cometidos durante la dictadura. En su artículo 1º, la nueva ley “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” para los delitos comprendidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado del 22 de diciembre de 1986. De esta manera, Uruguay ha avanzado de manera significativa en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 29/92 aprobado por la CIDH y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Juan Gelman.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) desde el 2006 instauró los Premios por la Igualdad y la no

Washington, D.C., 7 de septiembre de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica hoy el Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, el cual identifica los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados por los sistemas de justicia juvenil en las Américas.

La Comisión señala en el informe su preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región. En este informe, la Comisión analiza cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil del continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad.