LAS MUJERES SEGUIMOS EN MOVIMIENTO POR NUESTROS DERECHOS
Las organizaciones de mujeres y feministas hemos sostenido una larga y renovada lucha desde la recuperación de la democracia por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en esta lucha, el derecho a la autonomía física ha sido un componente central de la misma.
Ante el tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados del proyecto recientemente aprobado en la Comisión Especial de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, el próximo 25 de setiembre, queremos expresar públicamente nuestro posicionamiento.
Este proyecto no responde mínimamente a las demandas históricas de las organizaciones de mujeres, no se despenaliza el aborto, sino que se suspende la aplicación de la pena en determinadas circunstancias y condiciones.
La conducta delictiva permanece aún cuando se cumpla con el proceso administrativo exigido para el acceso a la práctica del aborto…
. Las mujeres quedan exentas de la pena pero no del proceso penal, fuera de este procedimiento serán penalizadas, el delito del aborto se mantiene incluso dentro de las doce semanas y eso es inadmisible.La estigmatización social de quienes recurren a esta práctica y el mensaje de disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres se perpetúa.
El procedimiento dispuesto para acceder al aborto dentro del sistema de salud es complejo y discriminatorio para las mujeres al ser sometidas a “defenderse” ante un Tribunal que hurgará sobre los motivos de su decisión y les impondrá un plazo de 5 días para reflexionar
La duda sobre la capacidad de las mujeres de decidir responsablemente sobre sus acciones, demuestran que el tutelaje del patriarcado está presente y las obliga a expresar su “voluntad” en un marco de presión y violencia institucional.
Las exigencias para acceder al aborto en caso de violación o incesto son desmedidas y vulneran los derechos de las mujeres y las adolescentes, revictimizándolas, sin considerar las situaciones traumáticas de quienes han transitado por episodios de violencia sexual.
La habilitación de la objeción de conciencia institucional en el marco normativo de este proyecto es preocupante, la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud es imprescindible para proteger el derecho a la salud de las mujeres y respetar su decisión.
La ciudadanía ha expresado la necesidad de un cambio legal que se adecue a la realidad social, los y las legisladoras tienen la oportunidad de avanzar en una normativa que refleje estas aspiraciones que hacen a un sistema político laico y democrático.
En nuestro país cada vez que una mujer decide practicarse un aborto, está incurriendo en un delito, la criminalización del aborto, la estigmatización social, la maternidad forzada y la clandestinidad son las caras de una situación de injusticia social y de inequidad de género cuyos costos recaen en el cuerpo de las mujeres.
En el marco del 28 de setiembre Día por la Despenalización del Aborto de América Latina y el Caribe, adherimos a la Campaña Aborto Legal y Seguro: una cuestión de Derechos, una cuestión de Democracia y exigimos que las mujeres uruguayas puedan decidir con libertad y dignidad la interrupción del embarazo.
Los derechos humanos de las mujeres no se negocian, se reconocen y se cumplen,
NO ACEPTAMOS MENOS.
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