Declaración Pública
El Estado dominicano irrespeta gravemente la vida y los derechos de las mujeres
En cumplimiento de sus principios éticos y políticos de acción, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, articulación regional de organizaciones que defienden la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, expresa su profunda pena e indignación por el fallecimiento de Esperanza, adolescente embarazada a quien el Estado dominicano negó el aborto terapéutico que requería con urgencia, puesto que sufría leucemia.
Al mismo tiempo, el sistema de salud de dicho país retrasó inútilmente su tratamiento de quimioterapia para proteger al producto de la gestación, lo que hizo progresar aceleradamente su enfermedad hasta producirse el desenlace ya conocido. Esto fue una forma de violencia y tortura inaceptables.
Denunciamos, por lo tanto, que su muerte es un femicidio ejecutado por alianzas político-religiosas que, al mantener en República Dominicana leyes que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, y al aprobar el Artículo No. 37 de la Constitución que establece “que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, niegan a las mujeres priorizar por su propia vida…
Como articulación regional de organizaciones históricamente comprometidas con la autonomía de las mujeres sobre su vida, su sexualidad y reproducción, la RSMLAC expresa que el Estado dominicano no puede sustraerse de cumplir con la protección del derecho a la vida de las mujeres consagrado en el ordenamiento jurídico internacional que él mismo ha ratificado. Asimismo, está obligado a respetar el artículo 42 de la Constitución del país, que señala que la integridad personal debe estar garantizada, por lo cual nadie puede ser sometido a procedimientos que impliquen la pérdida o disminución de la salud, cual fue el caso de Esperanza.
La persistente y perversa intervención de la jerarquía católica y sectores aliados, con la imposición de dogmas y códigos morales sobre una ciudadanía diversa, están sobre la base de estos hechos dolorosos que han culminado con la muerte/femicidio de Esperanza, y que pueden volver a ocurrir afectando, en especial, a las mujeres pobres, a las adolescentes, y en general a todas aquellas que carecen de información y medios suficientes para acceder a abortos seguros. Lo que pone de manifiesto la injusticia social que rodea al aborto clandestino, pues en situaciones de clandestinidad, las mujeres que tienen recursos siempre podrán acceder a intervenciones seguras sin que recaiga sobre ellas ninguna condena social ni riesgo de vida.
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, por lo tanto, hace llegar su apoyo y solidaridad a todas las mujeres dominicanas y a las organizaciones que trabajan en su defensa, y se compromete a continuar luchando para exigir el pleno respeto del Estado laico y el rechazo a todo tipo de fundamentalismos.
Asimismo, y en consonancia con la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, persistirá en la denuncia de las leyes punitivas que atentan contra el derecho humano de las mujeres a la salud, contra su libertad y dignidad, tal como ha sido reconocido internacionalmente por el informe provisional de fecha 3 de agosto de 2011, de Anand Grover, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Santiago, agosto 2012