CIUDAD DE PANAMA
18 de enero de 2013.
El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes desea agradecer por este conducto al Gobierno de Panamá su invitación a visitar el país para estudiar la situación de la población afrodescendiente y su cooperación en la preparación y realización de la misma. Deseamos hacer hincapié en que la presente declaración de prensa es de carácter preliminar y por ende no exhaustiva. Nuestras conclusiones y recomendaciones serán ulteriormente desarrolladas en el informe de nuestra visita al Gobierno de Panamá y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Deseamos destacar que, si bien nuestra visita se centró en la población afrodescendiente, somos conscientes del contexto socioeconómico y político general en el que viven dicha población.
Por ejemplo, tenemos presentes las circunstancias históricas que crearon al Panamá actual. La historia de los afrodescendientes en ese país es extremadamente diversificada. Comienza con la Historia de la conquista, la colonización, el despojamiento de los pueblos indígenas y el comercio transatlántico de esclavos, en sí mismo un crimen contra la humanidad. Esa trayectoria definió no solo la Historia de Panamá sino también la de otros países de América Latina y el Caribe. A los descendientes de africanos esclavizados se unieron otros afrodescendientes: trabajadores migrantes Afrocaribeños reclutados en Jamaica y otros lugares del Caribe británico y francés para construir el ferrocarril y el Canal de Panamá. A estos se añadieron trabajadores migrantes afrodescendientes refugiados y solicitantes de asilo. A pesar de que el censo nacional de 2010 estimó que un 9,2% de la población era afrodescendiente, es obvio que los afrodescendientes componen más de una tercera parte de la población total de Panamá…
Durante nuestra visita oficial, del 14 al 18 de enero de 2013, tuvimos oportunidad de reunirnos con numerosos altos funcionarios públicos, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional contra la Discriminación, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas así como de hablar con representantes y miembros de la comunidad afrodescendiente. Figuran entre ellos organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas en derechos humanos y miembros de grupos comunitarios y juveniles de la Ciudad de Panamá y de Colón. Nuestra visita nos brindó la oportunidad excepcional de entablar un dialogo en relación con nuestro mandato sobre la promoción y protección de los derechos de los afrodescendientes.Cabe mencionar que el Gobierno panameño procuró encarar algunos aspectos de las disparidades que afectan a la población afrodescendiente. Ello se ha hecho a través de disposiciones constituciones y legislativas, como la Ley No. 16 de 2002, por la que se estableció la Comisión Nacional contra la Discriminación, así como el Decreto Presidencial dando creación a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Etnia Negra. El Grupo de Trabajo celebra y alienta otras reformas, como el sistema penal acusatorio e iniciativas legislativas con objeto de criminalizar la discriminación racial. Invitamos a la Asamblea Nacional a estudiar seriamente la posibilidad de tomar medidas para tipificar la discriminación racial como delito y a formular una declaración en virtud del Artículo 14 de la Convención Internacional de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que permita presentar denuncias individuales.
A continuación presentamos los resultados preliminares de nuestras diversas consultas y reuniones. En general, observamos que en Panamá, al igual que en muchos otros países existen formas contemporáneas de discriminación racial, estructural e institucional contra las comunidades afrodescendientes, y que estas están profundamente enraizadas en la Historia de Panamá: esclavitud, políticas de discriminación ulteriores, etc. Ello se pone de manifiesto en la pobreza, la desigualdad, la marginación, niveles de vida inadecuados y la estigmatización que afectan a dichas comunidades. Observamos un marcado contraste en el elevado crecimiento económico y el progreso en muchas regiones del país. Por lo que nos preguntamos por qué esa riqueza no llega a la población afrodescendiente.
Por consiguiente, nos preocupa la distribución desigual de la riqueza y la falta de oportunidades para los afrodescendientes. Ello refleja así mismo que el legado de la esclavitud, reforzado por los aspectos negativos de la economía de mercado, sigue teniendo consecuencias profundas en las vidas de las comunidades afrodescendientes y en la representación mental de algunos panameños.
Como nos dijo un niño afrodescendiente de Colón: “Nuestras escuelas son horribles, no tenemos un lugar para jugar, los maestros nos tratan mal y padecemos violencia en nuestras casas y en las calles”. Los habitantes de Colón manifestaron también temores por la expansión futura de la Zona Libre, que podría provocar desplazamientos forzados. Mencionaron también que la contribución de Colón al erario público no incrementa el desarrollo económico de la comunidad local.
Algunos miembros de la población afrodescendiente nos dijeron que tienen la impresión de que se ignoran sus preocupaciones, se da menos valor a sus vidas, son estadísticamente invisibles y que las políticas públicas para atender a sus necesidades no logran el mejoramiento deseado de su situación. Correspondería desglosarse los datos demográficos acopiados en el censo de 2010 para destacar las condiciones de vida de los afrodescendientes.
Otras preocupaciones son la denegación de la existencia del racismo y la concepción persistente que el país es un “crisol de razas”. Miembros de la sociedad civil nos reiteraron que es importante disipar este mito, basado en la idea de que no hay racismo en el país “porque Panamá está compuesto de varias etnias y culturas fusionadas en una mezcla muy satisfactoria.
Nuestra visita a los centros de detención Nueva Esperanza y Joyita nos convencieron de que hay grandes desigualdades dentro de la sociedad panameña. Manifestamos nuestra grave preocupación por la presencia desproporcionada de afrodescendientes entre la población carcelar y las condiciones de vida inhumanas y degradantes, que atentan contra la dignidad humana de los reclusos y en algunos casos, del mismo personal penitenciario. En particular, observamos elevados niveles de hacinamiento, escasez de personal, infraestructura deficiente, condiciones insalubres, falta de instalaciones de esparcimiento y carencia de servicios médicos. Abundan también la detención preventiva prolongada y una falta de separación entre acusados y reclusos que purgan penas. Dichas condiciones se contradicen claramente con normas internacionalmente aceptadas de tratamiento humano de las personas privadas de libertad. El Estado de Panamá debería adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia y al uso excesivo de la fuerza en manos de la policía, el perfilamiento racial, la discriminación en la administración de justicia, el hacinamiento en los centros de detención a fin de garantizar el cumplimiento del marco jurídico internacional de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La situación de las mujeres en Nueva Esperanza, en su mayoría afrodescendientes, deja mucho que desear. Algunas de ellas nos relataron sus experiencias, la violencia que se ejerce contra ellas, con inclusión de violencia sexual, embarazos precoces no deseados, las dificultades cotidianas que enfrentan y los problemas que tienen como mujeres y como madres que viven en la pobreza. Es necesario dar difusión a su historia y
solucionar su situación.
El Instituto Modelo para Delincuentes Juveniles en Ciudad de Panamá debería ser repetido en el resto del territorio panameño. Los jóvenes delincuentes que salen de esas instituciones por razones de edad deberían ser transferidos a centros de rehabilitación adecuados y no a centros de detención para adultos.
Manifestamos nuestra preocupación por la situación particularmente vulnerable de los jóvenes afrodescendientes. Tienen problemas para acceder a una educación de calidad y completar sus estudios y les cuesta encontrar empleo, lo que los lleva a una exclusión social. Son también víctimas del perfilamiento racial y entran precozmente en centros de detención. Por otra parte, el pandillismo tiende a reemplazar a un sistema público, socialmente responsable.
La participación y representación políticas son fundamentales para lograr la igualdad y la no discriminación, ya que permitirían a los grupos discriminados hacer oír su voz en los ámbitos de adopción de decisiones y garantizar que sus intereses estén adecuadamente representados a todos los niveles. No obstante, observamos que los afrodescendientes tienen poca representación en las estructuras e instituciones políticas panameñas, por lo que sus problemas no tienen suficiente visibilidad ni reciben la atención que merecen.
Durante nuestras reuniones con instituciones públicas, entre ellos Ministerios de Seguridad, Trabajo, Justicia, Salud, Interior y Educación, los funcionarios públicos presentaron su labor sobre igualdad y no discriminación. Sin embargo, resulta difícil determinar si hay un genuino mejoramiento de las condiciones de vida de los afrodescendientes y los recursos disponibles no cuadran con sus expectativas y necesidades. Resulta claro que los recursos financieros asignados raramente llegan hasta las comunidades que tan urgentemente necesitan los servicios prometidos.
Nos preocupa la posibilidad de que ello provoque un resurgimiento de recientes conflictos sociales y señalamos la necesidad urgente de adoptar medidas para mitigar las necesidades de la población afrodescendiente disminuyendo así la tensión social.
Destacamos los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, en particular las medidas adoptadas para incrementar el número de denuncias de discriminación racial, a través del establecimiento de la Unidad de Lucha contra la Discriminación y el nombramiento de los miembros de la Comisión Nacional contra la Discriminación. Al mismo tiempo, queda mucho por hacer a fin de que esos esfuerzos desemboquen en medidas oportunas y adecuadas de protección efectiva. Instamos a la Defensoría del Pueblo a que siga trabajando con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Hacemos votos por que Panamá adopte sin tardanza medidas concretas que surtan efecto en las vidas de los afrodescendientes. En ese sentido, es fundamental hacer un trabajo de sensibilización de toda la población, proceder a las reformas legislativas necesarias y asignar recursos presupuestarios suficientes, en particular en Colón y Bocas del Toro, para producir cambios en relación con la discriminación racial en el país.
Por último, el equipo desea agradecer a la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos su valioso respaldo durante esta misión.
Ciudad de Panamá, 18 de enero de 2013
Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes