Washington, D.C., 4 de noviembre de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 143er Período ordinario de Sesiones del 19 de octubre al 4 de noviembre de 2011. La CIDH está integrada por Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados Felipe González y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.
En primer lugar, la Comisión Interamericana saluda la promulgación en Uruguay, el 30 de octubre de 2011, de la ley No. 18.831, que declara imprescriptibles los crímenes cometidos durante la dictadura. En su artículo 1º, la nueva ley “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” para los delitos comprendidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado del 22 de diciembre de 1986. De esta manera, Uruguay ha avanzado de manera significativa en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 29/92 aprobado por la CIDH y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Juan Gelman.
Asimismo, la CIDH saluda el compromiso del Estado de Perú de combatir la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en tiempos de autoritarismo, expresado por el Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, en una audiencia pública realizada el 25 de octubre. La CIDH valora las expresiones del Ministro afirmando que la posición del Estado peruano ante los órganos del sistema interamericano está orientada por el cumplimiento de sus resoluciones y por un compromiso ético y moral con la defensa de los derechos humanos.
Durante las sesiones se recibió información sobre esfuerzos realizados por los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales. En este sentido, la CIDH saluda la decisión de la Fiscalía de la Nación de Perú de reabrir la investigación del caso Maria Mamerita Mestanza Chavez. Esta decisión fue informada a la CIDH en una reunión de trabajo de seguimiento de un Informe de Solución Amistosa, en el cual el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables de las esterilizaciones forzadas a las que se sometió a más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Asimismo, en relación con Colombia, la Comisión saluda la adopción del Decreto 3375 como un avance en la protección de los derechos de las mujeres, ya que enfatiza la importancia de un enfoque diferencial que tome en cuenta las especificidades de edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual y procedencia urbana y rural a los efectos de recomendar y adoptar medidas de protección.
En la audiencia relativa a la situación del Poder Judicial en Haití, los representantes del Gobierno presentaron el nuevo programa del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública, el cual tendría como objetivo, entre otros, el fortalecimiento de la Escuela Nacional de la Magistratura, evitar la detención preventiva prolongada, y el establecimiento de mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia. La CIDH espera que el programa presentado sea efectivamente implementado.
La Comisión saluda especialmente la presencia de María da Penha en la audiencia “Obstáculos para la Efectiva Implementación de la Ley María da Penha en Brasil”. Esta ley, aprobada en Brasil en 2006, prevé sanciones penales para actos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres, promueve programas de rehabilitación para los agresores y crea cuerpos policiales y tribunales especializados. La ley, en parte, fue consecuencia del caso tramitado por la CIDH y que permitió importantes cambios en la legislación y las políticas públicas de Brasil.
Por otra parte, durante las audiencias la CIDH continuó recibiendo con preocupación información respecto de la especial situación de riesgo de las mujeres afrodescendientes, quienes han sufrido históricamente una triple discriminación en base a su género, pobreza y raza.
Asimismo, la Comisión recibió información sobre graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región. En especial, la CIDH manifiesta su preocupación ante la información recibida en la audiencia sobre justicia penal juvenil acerca de medidas regresivas por parte de diversos Estados que han adoptado o pretenden adoptar leyes enfocadas a disminuir de 18 a 16 años la edad máxima de responsabilidad ante el sistema de justicia juvenil o a aumentar la duración de las sanciones privativas de la libertad aplicadas a niños, niñas y adolescentes procesados por infringir las leyes penales.
Adicionalmente, se recibió información sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en la región y los obstáculos que continúan enfrentando en el ejercicio de su labor de promoción y protección de los derechos humanos. Además de las amenazas, hostigamientos y ataques contra su vida e integridad, la Comisión recibió información sobre un incremento del uso de procesos penales en su contra, con acusaciones de rebelión, terrorismo, sedición y conspiración, entre otros.
La CIDH manifiesta su profunda preocupación sobre la grave situación de seguridad que atraviesa la región mesoamericana. Los altos índices de homicidios están entre los más elevados del mundo, y la mayoría de los casos se encuentra en la absoluta impunidad. Preocupa especialmente a la CIDH la situación del Bajo Agúan, en Honduras, donde entre septiembre de 2009 y octubre de 2011, habrían sido asesinadas 42 personas afiliadas a organizaciones campesinas, asi como un periodista y su pareja, en el contexto de un conflicto agrario. En una audiencia sobre esta situación, se recibió información sobre la criminalización de la lucha campesina y la militarización de la zona, lo que habría puesto a los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán en una situación de alto riesgo.
La Comisión expresa su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana. La Comisión reitera que los Estados tienen el deber de adoptar e implementar políticas públicas integrales de prevención y disuasión y deben focalizarse en la creación y consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática.
Este comunicado tiene un anexo, que estará disponible en la página Web de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.